El crimen se consumó anoche en el Hospital Penna de esa Ciudad. La mamá es una joven de 18 años con discapacidad mental que vivía en el Patronato de la Infancia, violada durante una de las salidas. El bebé tenía más de 10 semanas de gestación.
El director del Hospital, Alberto Taranto, decidió practicar el aborto tras consultar con una comisión interdisciplinaria que no incluyó objetores de conciencia. La comisión acordó la realización del aborto porque entendió que la Resolución 304/2007 los eximía de sanciones penales y les permitía matar al indefenso bebé.
La adolescente fue internada el lunes pero, ante un pedido de adopción, el juez Jorge Longás dictó una medida cautelar que suspendió el aborto; horas después, los otros dos integrantes del Tribunal de Familia, Edgardo Manassero y Patricia Marenoni revocaron la suspensión, dando luz verde al abominable crimen.
No tuvieron nombre ni tumba, pero no los olvidamos:
8 julio de 2005: después de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires les diera “permiso para matar”, los médicos del Hospital Evita de Lanús, practicaron el aborto a una mujer que sufría una miocardiopatía dilatada. El Hospital Universitario Austral ofreció en ese momento infraestructura y especialistas, para intentar salvar las dos vidas, otros ofrecieron subsidios para madre e hijo y varios matrimonios solicitaron la adopción. Todo fue rechazado, se asesinó al bebé, un inocente de más de 5 meses de gestación.
19 de agosto de 2006: se practicó el aborto a la discapacitada de Guernica que por entonces tenía 19 años y cinco meses de embarazo, una vez más la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires había dado “permiso para matar”. El crimen se consumó en una clínica privada de La Plata -con el apoyo de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” según declaró a los medios la activista abortista Dora Coledesky- porque el Hospital San Martín de esa ciudad se negó finalmente a realizar la intervención por lo avanzado del embarazo. Se asesinó al bebé pero se desconoce, si la hubo, condena al violador.
24 de agosto de 2006: En la madrugada y tras haber obtenido, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, el “permiso para matar”; se asesinó al bebé en un hospital público de esa provincia. La gestante, de 25 años, había sido violada por el concubino de su hermana que vivía bajo el mismo techo. Se volvieron a rechazar los ofrecimientos (adopción, subsidios…) que intentaban salvar ambas vidas. El resultado, otro inocente aniquilado.
22 de septiembre de 2007: El bebé en gestación de Paraná, producto de una violación a una discapacitada mental, fue asesinado en Mar del Plata.
El Superior Tribunal de Entre Ríos había dado “permiso para matar”, pero una cosa es dictar la pena de muerte y otra ejecutarla. Los médicos del Materno Infantil de Paraná se negaron por unanimidad a practicar el aborto. Declaró el Dr. Cati, director del hospital: tras la microcesárea “el médico recibe un feto vivo, cuyo corazón late, que mueve sus miembros. Usted qué hace: ¿lo tira a la chata y deja que se muera o llama a un pediatra? Ningún médico quiere enfrentar esa situación” (Página 12, 22/09/2007).
Pero el Gobierno de Néstor Kirchner no escatimó esfuerzos hasta encontrar al verdugo. Sus funcionarios se ocuparon del caso. El INADI, acompañó a la joven mamá a Mar del Plata mientras el por entonces Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hacía las gestiones para que en el Materno Infantil de esa ciudad, que dirige Hugo Casarca, se asesinara brutalmente al bebé. No se conoce condena al violador.
Por Mónica del Río
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